Sobre el propósito, responsabilidad y cultura de las empresas

Ilustración de Perico Pastor para Alternativas Económicas.

Milton Friedman, un Premio Nobel de Economía considerado como uno de los adalides de la ideología neoliberal, definía así la responsabilidad de las empresas:

«Existe una única responsabilidad social de las empresas: utilizar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias mientras permanezca dentro de las reglas del juego«. (Milton Friedman)

Si bien ha prevalecido durante décadas, esta definición se considera hoy como políticamente incorrecta, quizá porque se ha interpretado que la única regla del juego pertinente es atenerse a las prácticas propias de un mercado libre o mínimamente regulado.

Los tiempos han cambiado. La Business Roundtable, una organización norteamericana que representa a grandes empresas, ha causado un cierto revuelo al publicar hace unos meses un manifiesto en el que proclama que el propósito de una empresa es promover una economía que sirva a todos sus ‘stakeholders’ (accionistas, clientes, suministradores, empleados) y a la sociedad en general.

«No está claro cómo los CEOs sabrán lo que la ‘sociedad’ espera de sus empresas. Lo más probable es que lo decidan algunos políticos y grupos de presión, además de los propios CEOs – y que no se de voz a la gente ordinaria». (The Economist)

El problema, como señala The Economist, es que la declaración de intenciones de la Business Roundtable adolece de un déficit de cómos, además de no aclarar qué responsabilidades asumen las empresas, ni ante quién, en caso de incumplir el compromiso que manifiestan.

Existe en España una legislación comparativamente avanzada sobre estos asuntos. La Ley 11/2018 obliga a las sociedades de un cierto tamaño a presentar cada año un informe no financiero que permita comprender:

  • La evolución, situación y resultados de la empresa.
  • El impacto de la actividad de la empresa en cinco ámbitos: medioambiental, respeto de los derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, cuestiones referidas al personal (como la inclusión y la igualdad de oportunidades) e impacto social.

Una exigencia interesante de la Ley es la de informar acerca de los procedimientos de “identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos”, así como de las políticas adoptadas al respecto. Una información que va mucho más allá de la contenida en los informes convencionales de responsabilidad social.

Veamos un ejemplo. Algunas grandes empresas han anunciado hace poco reducciones de plantilla en alrededor de mil personas. Es cierto que destinan cifras millonarias a compensar al personal afectado, pero también que consideran que compensarán este gasto en dos o tres ejercicios.

Estos casos concretos son ya agua pasada. Pero habrían de ser motivo de reflexión con vistas a un futuro en que los expertos prevén que una proporción importante de puestos de trabajo resulten obsoletos a corto o medio plazo. Muchas empresas tendrán pues la obligación de informar sobre cómo planean afrontar este riesgo con el menor impacto para el conjunto de sus empleados y para la sociedad en general. El recurso a la regulación de empleo externaliza a la sociedad y a las personas afectadas la responsabilidad de encontrar futuros profesionales que den sentido a sus vidas. No parece por tanto ser la alternativa socialmente más responsable.

¿Cómo abordarán las empresas las obligaciones derivadas de la Ley 11/2018? No hay al respecto un manual de estilo consolidado:

  • Como sucede al respecto de otras obligaciones de información, incluyendo la financiera, algunas empresas optarán por cumplir el expediente con una respuesta de mínimos cuyo único objetivo es que parezca formalmente correcta y les evite una sanción.
  • Algunas optarán por contratar con una consultora especializada que lleve a cabo un trabajo competente, pero que altere al mínimo el funcionamiento habitual de la empresa. A las grandes consultoras ya se les debe estar haciendo la boca agua ante esta perspectiva.
  • Otras, sin embargo, optarán por poner en marcha procesos participativos con sus ‘stakeholders’ más relevantes, incluyendo por supuesto los empleados, sobre todo para identificar escenarios de futuro, valorar riesgos e impactos potenciales y diseñar políticas al efecto.

Sólo la tercera de estas alternativas constituye una respuesta conforme al espíritu de la Ley. Pero exige prácticas de diálogo y colaboración que no forman parte de la cultura de muchas grandes empresas. Queda mucho por hacer. Pero esta Ley 11/2018 parece un buen acicate para que las empresas que quieran ser socialmente responsables se pongan las pilas. Los activistas sociales, y más adelante la opinión pública, no tardarán en exigirlo.


Coperfield es una agencia de transformación. Aspiramos a mejorar el mundo facilitando procesos de cambio en las organizaciones y en las personas. Creemos en la capacidad de los colectivos  para co-laborar y co-crear sus propias respuestas a los retos a los que se enfrentan. Sabemos cómo facilitar y acompañar el cambio de cultura de vuestra organización. Contactadnos en hola@coperfield.org.


Crédito imagen: Ilustración de Perico Pastor para Alternativas Económicas. El número de Noviembre 2019 de esta publicación contiene un dossier específico sobre la responsabilidad social de las empresas.

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